La reforma del Código Procesal Civil parte de esta premisa y apuesta por una transformación de fondo: lejos de limitarse a modificaciones superficiales, introduce un cambio profundo que redefine la asignación de funciones entre los jueces, con el fin de acercar la justicia a la ciudadanía, facilitar su acceso y asegurar respuestas oportunas, aspectos esenciales que sostienen el propósito central de esta reforma.
A diferencia del Código Judicial anterior, el nuevo Código unifica criterios al reconocer la jurisdicción arbitral como parte del sistema de justicia, permitiendo que árbitros y tribunales arbitrales, nacionales o extranjeros, conozcan de asuntos civiles conforme a la legislación vigente.
En materia de Competencia El Código de Procedimiento Civil, destaca la incorporación de la figura del juez natural como garantía procesal vinculada a la constitucionalidad del proceso, lo que implica que todo asunto debe ser de conocimiento y decidido por un juez competente, idóneo, independiente e imparcial, incluso en caso de sustitución, quien asuma el conocimiento de un proceso en reemplazo de un juez, debe reunir las mismas condiciones.
Uno de los cambios más visibles es la modificación de la competencia por cuantía. Antes, los procesos de menor cuantía eran aquellos cuya cuantía no superaba los B/.5,000.00; hoy, esa categoría se extiende hasta los B/.10,000.00, quedando bajo el conocimiento de los jueces municipales. Los de mayor cuantía, que superen ese monto, corresponden a los jueces de circuito. Con ello se busca que más ciudadanos puedan presentar sus demandas en tribunales cercanos a sus domicilios, obteniendo decisiones en plazos más razonables. La finalidad es clara: reforzar la tutela judicial efectiva como pilar filosófico de la reforma.
Igualmente, es importante destacar que la norma también introduce innovaciones relevantes como la figura de los jueces adjuntos, siendo estos funcionarios judiciales que actúan en apoyo de los jueces de conocimiento, quienes operan “a prevención”, lo que significa que pueden actuar junto al juez principal en determinadas diligencias como medidas cautelares, sin reemplazarlos. También, introduce la creación de la Oficina Judicial, que asume la gestión administrativa y logística de los despachos. Con esta última medida, los jueces pueden concentrarse en lo sustantivo: resolver los conflictos de manera imparcial, mientras se optimizan tiempos y recursos en beneficio de los usuarios del sistema.
El nuevo Código Procesal Civil introduce cambios relevantes en materia de jurisdicción y competencia, enfocados en agilizar los procedimientos y garantizar decisiones dictadas por jueces competentes e imparciales en plazos razonables.
En Alcogal, seguimos de cerca estas reformas, confiando en que son claves para una justicia más cercana, transparente y confiable.
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