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En momentos en que los tentáculos de la narcopolítica generan ruido en los poderes del Estado y los perfiles de los grupos del crimen organizado se diversifican, finalmente se dio el primer paso para la discusión del proyecto de ley 625, que establece la figura de la extinción de dominio.
Diez meses después de que el ministro de Seguridad, Juan Pino, llevó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, la Comisión de Gobierno desempolvó el documento y creó una subcomisión que lo analizará. Sin embargo, el designado para presidir esa subcomisión, el diputado Roberto Ábrego, no estuvo ayer en la sesión.

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentó una iniciativa legislativa, en la oficina de participación ciudadana, que pretende derogar la inclusión de sectores profesionales en la Ley 256, que dicta la obligatoriedad en la expedición de factura electrónica.
La iniciativa ciudadana busca eliminar de la ley que empezó a regir en enero de 2022 lo que se refiere a que los sectores profesionales liberales: artesanos, artistas y quienes ejercen un oficio sean sujetos obligados a facturar electrónicamente.

Un anteproyecto de Ley que propone sanciones severas para conductores sin seguro vehicular fue presentado ante la Asamblea Nacional de Diputados.
La iniciativa plantea desde la suspensión de la licencia hasta la retención del vehículo para aquellos conductores involucrados en accidentes de tránsito y que no tengan la póliza de seguro vigente, fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila.

La Asamblea Nacional informó que retoma este miércoles 2 de febrero la discusión del proyecto de ley 675 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.
El proyecto de ley reposa en el primer órgano del Estado, desde su presentación en el Pleno, a finales de abril de 2021, por parte del ministro de Seguridad Pública, Juan Pino.La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia. Además, para prevenir el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el crimen organizado y el delito.

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) cerró 2021 batiendo récords en el volumen de negociación y en el número de transacciones que se efectuaron.
En el mercado se negociaron $9,461 millones, una cifra que representa un aumento de $1,335 millones respecto a 2020, y deja atrás el récord histórico previo de $8,527.4 millones, logrado en 2019.

El Banco Nacional de Panamá y el Órgano Judicial firmaron un convenio de colaboración para optimizar el proceso de tramitación del pago de las pensiones alimenticias.
Este documento de colaboración fue firmado por María Eugenia López Arias, Magistrada Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Javier Carrizo Esquivel, Gerente General de Banco Nacional de Panamá.

Luego que la calificadora de riesgo Fitch Ratings, reafirmó la calificación soberana de Panamá en BBB-, mantuvo el país su grado de inversión
y cambió la perspectiva del país de negativa a Estable, los economistas aseguran que esto facilitará la atracción de inversión extranjera.
Para el economista Augusto García esta es una buena noticia porque se mantiene la credibilidad de la economía panameña y facilita la atracción de inversión.
«En estas circunstancias que se ha tenido que recurrir a préstamos internacionales la confianza de un grado de inversión es positiva», añadió.

Luego de una caída del 19.9% en el 2020 y una recuperación en el 2021 de 11.4% hasta el tercer trimestre, el sector industrial panameño calcula que este 2022 crecerá un 7%, lo que representa un aporte absoluto de $2 mil 4 millones y la recuperación de 10 mil plazas de empleos.
Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá manifestó que «Panamá cuenta con una industria sólida que crece y se arraiga aún más en la economía a pesar de las adversidades».

La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings afirmó este viernes 28 de enero la calificación de riesgo de Panamá en BBB-, y revisó la perspectiva de negativa a estable. Panamá, por tanto, mantiene el grado de inversión con las tres grandes agencias internacionales de rating.

La revisión de la perspectiva refleja la mejora en la posición fiscal y una recuperación mejor de lo esperado tras el impacto inicial de la pandemia. La agencia señala que han mejorado sus expectativas fiscales y también la confianza en la capacidad de las autoridades de ajustar de manera exitosa el déficit fiscal.

El primer vicepresidente y presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Olmedo Arrocha, manifestó que dentro de las reformas que se buscan realizarle al Código Civil de Panamá, está el establecer un tope en las etapas procesales en los casos que son atendidos en esta jurisdicción.
Agregó que lo que se busca es que haya una “justicia en tiempo razonable”. Concretiza que este es uno de los componentes del debido proceso, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8.