En marzo de 2025, el Gobierno de Panamá adoptó dos medidas relevantes en materia migratoria, orientadas a ofrecer oportunidades de regularización para personas extranjeras en condición irregular. Se trata del Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 06 de 11 de marzo de 2025, y de la Resolución No. 6616 de 12 de marzo de 2025, que exime del pago de multas a quienes se acojan por primera vez al programa Crisol de Razas.
El Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria constituye un avance significativo en la política migratoria nacional, al contemplar una vía de regularización temporal para dos grupos específicos: personas extranjeras que hayan permanecido en el país de manera continua por al menos un año —con ausencias no mayores a 60 días consecutivos—, y solicitantes de refugio cuya petición haya sido denegada por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR). Este permiso otorga residencia temporal por un período inicial de dos años, acompañado de un permiso de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Además, puede prorrogarse por hasta seis años, tras los cuales el beneficiario podrá optar por la residencia permanente.
El proceso de solicitud requerirá la verificación exhaustiva de toda la documentación presentada ante el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de garantizar su autenticidad y validez. Las autoridades podrán también solicitar entrevistas o evaluaciones adicionales para corroborar el cumplimiento de los requisitos. La presentación de documentos falsos conllevará sanciones administrativas y penales, reafirmando el compromiso institucional con un procedimiento riguroso y transparente.
En paralelo, la Resolución No. 6616 establece la exoneración total del pago de multas migratorias para las personas que se acojan por primera vez al proceso de regularización dentro del programa Crisol de Razas. Esta disposición busca eliminar una de las principales barreras económicas que históricamente ha limitado el acceso a la regularización, especialmente entre personas con recursos limitados, y promover así su integración formal al país.
Estas iniciativas reflejan una evolución del enfoque migratorio panameño hacia soluciones más inclusivas y sostenibles, reconociendo el aporte de la población migrante al desarrollo nacional, dentro de un marco de legalidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.
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