El pasado 3 de septiembre culminó el III Congreso de Propiedad Horizontal y el IV Expo PH 2024. Este evento no solo sirvió como plataforma para la discusión de las últimas tendencias y desafíos del sector inmobiliario, sino que también marcó un hito importante para el futuro regulatorio de la propiedad horizontal en Panamá.
Uno de los aspectos más destacados del congreso fue el compromiso de las autoridades panameñas de actualizar las normas que rigen la propiedad horizontal en el país. En particular, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y la Dirección de PH se comprometieron a impulsar reformas legislativas que reflejen las nuevas realidades y necesidades del sector. Estas actualizaciones normativas se centrarán en fortalecer la inclusión, accesibilidad, y protección de los derechos de los residentes, especialmente aquellos con movilidad reducida o discapacidades.
Durante las jornadas del congreso, se abordaron temas cruciales como “La vida de un residente con discapacidad en un PH,” donde se enfatizó la importancia de garantizar que los diseños y espacios dentro de las propiedades horizontales sean accesibles para todos. Este enfoque inclusivo fue respaldado por la promesa de las autoridades de integrar estos aspectos en las futuras reformas legislativas.
El Licdo. Mario Vargas, presidente y organizador del evento, subrayó la necesidad de una regulación dinámica y actualizada que acompañe el crecimiento del sector de la propiedad horizontal en Panamá. Según Vargas, “Panamá se ha consolidado como un líder regional en legislación sobre propiedad horizontal, y es esencial que nuestras normativas continúen evolucionando para mantener ese liderazgo.” Con más de un millón de personas viviendo en propiedades horizontales y otro millón trabajando en este tipo de desarrollos, la relevancia de estas reformas no puede ser subestimada.
Con la mirada puesta en el futuro, las autoridades y especialistas del sector reconocieron que, aunque se han logrado avances significativos, queda mucho por hacer en los próximos cinco años. La implementación de las reformas prometidas será clave para asegurar que Panamá no solo siga siendo un referente en infraestructura, sino también en la protección de los derechos y el bienestar de sus ciudadanos.
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