En el contexto del cumplimiento normativo y la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, el concepto de Personas Políticamente Expuestas (PEP) se ha vuelto fundamental. Las PEP son individuos que, debido a sus funciones públicas prominentes, están en una posición donde podrían ser susceptibles a prácticas corruptas o al uso indebido de su poder.

Las regulaciones globales, particularmente aquellas promovidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), exigen que las instituciones financieras implementen controles adicionales cuando se trata de PEP. Esto incluye una serie de medidas de debida diligencia reforzada (EDD), que van más allá de las verificaciones estándar, para mitigar los riesgos asociados con estas personas.

¿Quiénes son considerados PEP?

Las PEP no solo abarcan a quienes ocupan o han ocupado cargos de alto perfil, como jefes de Estado, ministros, y jueces de altas cortes, sino también a sus familiares directos y a sus asociados cercanos. Esto es crucial, ya que la influencia de una PEP puede extenderse más allá de su persona, afectando a quienes están en su círculo íntimo.

¿Por qué es importante identificar a las PEP?

El principal riesgo asociado con las PEP es la posibilidad de que utilicen su posición para cometer actos de corrupción, incluyendo la aceptación de sobornos, la malversación de fondos públicos, o la facilitación de actividades ilícitas. Por lo tanto, las instituciones financieras deben ser particularmente cautelosas al establecer relaciones con estas personas, asegurándose de que los fondos que manejan provengan de fuentes legítimas y que sus transacciones no sean un medio para blanquear dinero.

Medidas de Debida Diligencia Reforzada (EDD)

Para gestionar el riesgo asociado con las PEP, las instituciones deben implementar EDD, que incluye:

  • Identificación y Clasificación: Las PEP deben ser identificadas desde el inicio de la relación comercial, utilizando listas y bases de datos especializadas que permitan su clasificación adecuada.
  • Monitoreo Continuo: Es necesario realizar un seguimiento constante de las transacciones y actividades de las PEP para detectar cualquier signo de irregularidad.
  • Verificación de Fuentes de Fondos: Las instituciones deben asegurarse de que los fondos manejados por las PEP provengan de fuentes legítimas y verificables.
  • Revisión y Aprobación de Altos Directivos: En muchos casos, se requiere que las relaciones comerciales con PEP sean revisadas y aprobadas por la alta dirección de la institución.

En resumen, las PEP representan un desafío particular para las instituciones financieras debido al riesgo inherente asociado con su influencia y poder. Sin embargo, con las medidas adecuadas de debida diligencia reforzada, las instituciones pueden gestionar estos riesgos de manera eficaz, protegiendo tanto su integridad como la del sistema financiero en general. Es esencial que las organizaciones mantengan políticas y procedimientos actualizados para identificar, monitorear y gestionar las relaciones con PEP, cumpliendo así con las regulaciones internacionales y salvaguardando su reputación.

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Dominique Gibson

Oficial de Cumplimiento en Alcogal

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